La negativa de la compañía brasileña Odebrecht a renunciar a los derechos de construcción de un tramo carretero hacia la costa sur guatemalteca pone en riesgo la conclusión de esa obra, paralizada desde 2016.

A finales de 2017, el Ministerio de Comunicaciones había anunciado un supuesto arreglo con la firma, envuelta en el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica con ramificaciones también en Guatemala.

El Ministro de Comunicaciones, Aldo García, aseguró entonces que se buscaba un consenso con la constructora para que desistiera de futuras acciones sobre un gran tramo sin terminar de la ruta CA-2 occidente, aunque cobraron por la obra terminada.

Al declinar firmar el documento, el Estado corre el riesgo de ser demandado y no puede intervenir en la vía, que cada día se deteriora más, precisó García.

El funcionario argumentó que Odebrecht prefiere esperar las conclusiones de la investigación sobre los implicados en sobornos, cuyos resultados serán expuestos en los próximos días por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

“La idea es que el contrato siga vigente porque hay procesos penales y no es posible rescindir de manera formal”, explicó Carlos Mencos, contralor general, en declaraciones recogidas por Prensa Latina.

La postura de Odebrecht echaría por tierra la propuesta del Ejecutivo de hacer una finalización parcial del contrato y reparar el tramo restante, de 97 kilómetros, pero sin aumentar dos carriles más como estaba previsto.

Retrasos en la entrega de mercancías, accidentes de tránsito y el deterioro de los vehículos son algunos de los problemas que afrontan quienes transitan por la ruta al Pacífico, debido al pésimo estado de la carretera y la falta de señalización.