En los últimos meses, la Comisión de Evaluación Ambiental de la RM, instancia que preside el Intendente Regional, ha aumentado las exigencias para entregar permisos de construcción con el objetivo de limitar la construcción de grandes edificios en altura, varios de los cuales, a juicio de la autoridad regional, no se hacen cargo de sus impactos adecuadamente.

Estas mayores exigencias, explica el intendente Claudio Orrego y consigna La Tercera, se han hecho dentro de la ley, pero considerando aspectos como el emplazamiento, la existencia de planos reguladores o bien, de estudios de impacto vial. “Siempre hemos sido muy estrictos en la aplicación de la ley. Lo que pasa es que no siempre, cuando analizas un proyecto, se cuenta con toda la información para evaluarla. No es lo mismo evaluar un edificio sólo en una comuna que evaluar 72”, indicó la autoridad, quien reconoció que esta mayor exigencia está relacionada con el emplazamiento de los proyectos, sobre todo en casos de zonas carentes de instrumentos como planos reguladores o bien, donde estos no han sido actualizados.

Así, la comisión ha privilegiado proyectos que cuenten con instrumentos como el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), el que por ley se exige sólo a construcciones que cuenten con más de 250 estacionamientos.

El problema, añade Orrego, es que en muchos casos los desarrolladores inmobiliarios presentan iniciativas con 240 estacionamientos, con lo que logran saltarse esta exigencia. Y si bien la comisión evaluadora no puede exigir un Eistu a proyectos exentos de esta obligación, lo que está pasando en la práctica es que aquellos que no los presenten, y que se emplacen en zonas críticas, tienen más trabas.

El 25 de julio se llevó acabo la sesión ordinaria número 13 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, oportunidad en la que tres proyectos inmobiliarios en altura fueron aprobados. Sin embargo uno de ellos, y pese a que presentó un Eistu de manera voluntaria, fue rechazado. Se trató de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto ubicado en Estación Central Edificio General Amengual 85, de 25 pisos, 2 niveles subterráneos y 406 departamentos en total.

Según señala el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), “el titular no entrega los antecedentes necesarios para descartar la existencia de efectos”, por lo cual recomendó su rechazo.

Otras dos iniciativas fueron rechazadas en votación en otras sesiones, ambos ubicados, al igual que el caso anterior, en Estación Central.

“Hemos sido más exigentes con quienes presentan los proyectos, especialmente en zonas donde sabemos que ha habido mucho hacinamiento, como Estación Central”, sostuvo Orrego, quien agregó que, además, se ha mejorado la coordinación con organismos como el Ministerio de Vivienda y municipalidades.

A su juicio, el objetivo de las mayores exigencias apunta a que no sólo se cumpla con la normativa vigente, sino que las inmobiliarias vayan más allá, haciéndose el proyecto de inversión del impacto vial que genere. El intendente también admitió que han instruido a través de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo que “se congelen permisos mientras no se lleve a cabo un nuevo plan regulador”.

“Si el edificio no tiene 250 estacionamientos no se le exigen obligatoriamente un Eistu, pero llama la atención que casi todos (los proyectos inmobiliarios) tengan sólo 240 para evitar ese estudio”, cuestionó la autoridad, agregando que “cuando los proyectos de edificación, independientemente del número de estacionamientos, se hace cargo del impacto vial, obviamente que la Comisión de Evaluación Ambiental lo evalúa de mejor manera. Pero nunca hemos rechazado un proyecto solamente porque no cuente con un Eistu”, añadió.

Según el Gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Javier Hurtado, el resultado de esto es mayor conflicto. “Intentar producir mayores exigencias cualquiera puede hacerlo, pero esto lo que está produciendo es demora, judicialización y conflicto. El tema de fondo no son los guetos verticales, sino que la planificación urbana de fondo”, aclaró el experto.

El gremio ha advertido que uno de los problemas mayores es la antigüedad promedio de los planos reguladores, que en algunos casos es de 17 años. “No puede ser que haya planos reguladores que no conversen entre comunas, más aún con el problema de la desertificación y la expansión del Metro”, cuestionó Hurtado, concluye La Tercera.