La empresa Genisa, que construye una hidroeléctrica en Panamá, paralizará de forma definitiva la construcción si el futuro de la misma no es definido por el Gobierno, al que acusa de haberla apartado de las prolongadas negociaciones con grupos indígenas opuestos al proyecto.

El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco fue suspendido temporalmente por el Ejecutivo de Juan Carlos Varela en febrero pasado, que alegó incumplimientos medioambientales y falta de entendimiento con la comunidad indígena Ngäbe Buglé aledaña.

"Hemos llegado a un punto crítico (...) si no oímos una decisión del Gobierno sobre Barro Blanco, vamos a anunciar prontamente la paralización definitiva de las obras", declaró el Gerente General de Genisa, Aldo López, en una entrevista con Efe.

Genisa ha advertido más de una vez del peligro que supone dejar una obra de ese calibre inacabada, sobre todo en época de lluvias.

El Ejecutivo panameño instaló una mesa de diálogo para decidir el futuro de Barro Blanco, que empezó a construirse en 2011 y registra un avance del 95 %, y tras meses de negociaciones acordó el pasado 10 de agosto con los indígenas acabar las obras.

El Gerente de Genisa reconoció que en la empresa se sienten "ignorados" y "apartados de las negociaciones", a pesar de que son los mayores damnificados por la paralización del proyecto, que se ubica sobre el río Tabasará, en el distrito de Tolé, unos 400 kilómetros al oeste de la capital panameña.

"No hay peor sordo que el que no quiere oír. No se nos ha escuchado, no se nos ha tomado en cuenta. Se creó una mesa de dialogo tripartita, pero la tercera parte, que éramos nosotros, fue excluida. No hay intención de incluir a la empresa en la decisión final del proyecto", denunció el guatemalteco.

Genisa, una empresa panameña de capital centroamericano, calcula que la paralización de las obras, en las que ya ha invertido 120 millones de dólares, les está suponiendo un agujero de 40 millones de dólares.

"El Gobierno actual quiere quedar bien con los indígenas. Y eso está bien, pero no a costa de los derechos de una empresa (...) Tenemos un contratista español, Cobra, que está a punto de tirar la toalla porque nosotros no le podemos pagar y su coste mensual es altísimo", explicó López sin más detalles.

De momento, Genisa no se plantea demandar al Estado panameño, esa "es la última opción", pero rechaza cualquier salida que no sea operar la planta.

"Nuestra intención ha sido siempre operar y ser dueños de la concesión por 50 años. Nos vinimos a construirle una represa al Gobierno de Panamá", sostuvo el Gerente de Genisa.

"Si eso no se da y si el Gobierno decide tomar otra ruta, como la nacionalización o la expropiación, tendremos que sentarnos a negociar", añadió.

La explotación a futuro de Barro Blanco depende ahora de una nueva etapa de negociaciones entre el Gobierno y los indígenas sobre aspectos técnicos de la obra para que se culmine sin riesgos, según se anunció oficialmente el 10 de agosto pasado.

Las partes también establecieron entonces que analizarán opciones como la adquisición de la propiedad del proyecto por parte de un tercero, con justificación científica y financiera.

Los indígenas de la zona pedían la cancelación total de la obra porque, entre otras razones, cuando se inunde el lago que alimentará la planta un petroglifo sagrado quedará completamente cubierto de agua.

"La percepción que tiene la gente es que una empresa vino aquí a violar los derechos humanos de una comunidad indígena", comentó López.

El guatemalteco reconoció que es "bastante difícil" combatir la imagen de "malos" que tienen las empresas hidroeléctricas en el mundo, aunque dijo que la sequía y la falta de agua que sufre Panamá están cambiando la percepción de la gente.

La hidroeléctrica Barro Blanco proyecta generar 28,56 megavatios, cerca del 2 % de la capacidad instalada del país.

El conflicto ha traspasado fronteras y puesto a Panamá en el ojo del huracán de los inversores extranjeros, según López.

"Una o dos empresas multinacionales que iban a invertir en el sector energético en Panamá ya no lo van a hacer hasta que haya claridad en la seguridad jurídica y respeto a las concesiones otorgadas por el estado", confesó el guatemalteco.

Fuente: EFE