En consideración a ello, durante la década pasada el Instituto Nacional de Normalización (INN) elaboró un marco normativo que define los requisitos técnicos que deben cumplir los ascensores y los procedimientos para inspección de los mismos; además en octubre de 2008 se publicó en el Diario Oficial la ley 20.296 que "establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares" como funiculares, escaleras mecánicas, etc. La entrada en vigencia de esta ley, en octubre del presente año, viene a cubrir el grave vacío que representa en la actualidad el hecho de que no se exija ningún tipo de certificación para el funcionamiento de instalaciones que muchas veces representan un riesgo para usuarios que no conocen el peligro al que se exponen.

Eventuales problemas que podría presentar esta nueva legislación

De acuerdo a esta ley, las figuras que adquieren relevancia son los instaladores, los mantenedores y principalmente los certificadores, todos ellos profesionales que deberán poseer conocimientos y experiencia en el rubro.

Es ahí donde se identifica el primer problema, ya que en Chile no se enseña en ninguna parte acerca de ascensores de manera formal. Todos los que sabemos del tema hemos aprendido en terreno. Por esta razón, es importante que se profesionalice el rubro, para que la ley pueda operar de la mejor forma posible. Debieran, además, estar claramente definidas las competencias de los profesionales y técnicos que trabajan en ascensores.

En el caso específico de los certificadores, se identifica otra gran dificultad. Pese a que es primordial la creación de la figura del certificador, que hasta ahora no existe, estoy convencido de que el mercado no tiene los profesionales que se requieren para hacer funcionar esta ley.

La importancia de contar con un catastro oficial

El hecho de no saber cuántos ascensores existen a lo largo del país, constituye un problema importante. Si bien, hay algunos números al respecto, ninguno de ellos se sustenta en un catastro oficial. Esto dificulta la aplicación de la ley, pues no se puede estimar cuánto demorará certificar la totalidad de los equipos existentes en Chile. No sabemos cuántos ascensores tenemos en el país, ni menos si contamos con los profesionales idóneos para certificarlos. Por otro lado, no se establece en este cuerpo legal ningún tipo de plazo para cumplir con la certificación.

Otro problema es que si bien existen normas chilenas oficiales, no están establecidos los criterios por los cuales se aprobaría o desaprobaría una instalación, quedando esta situación a criterio del certificador.

No obstante, no todo el escenario es tan malo, ya que la implementación de esta ley trae beneficios considerables para los dueños y usuarios de los ascensores. Las grandes ventajas son la profesionalización del rubro y el hecho de que luego de la inspección realizada por un tercero, la comunidad propietaria de un ascensor podrá saber cuáles son las condiciones reales en las que se encuentra la maquinaria, y el nivel de seguridad que ofrece la instalación.