¿Qué análisis hacen ante más de 6.000 viviendas sociales inhabilitadas por el terremoto?
J. Larenas: Si bien estas cifras son preliminares, puedo señalar de todas formas que el daño ocasionado fue menor y que las viviendas sociales se comportaron bastante bien frente a este evento. Esto demuestra que en este caso, al menos, los mecanismos de control y fiscalización sobre las distintas etapas de construcción se han cumplido casi a cabalidad por parte de las entidades públicas.

R. Tapia: Me parece que las viviendas construidas mediante políticas públicas aprobaron este desastre. Si se considera que son 6.000, esta cifra corresponde a un porcentaje mínimo, que es menos del 0,04% del 1% del total nacional. Incluso, por citar un ejemplo, está el caso de 1.029 departamentos de tres pisos de la población Las Viñitas, de Cerro Navia, que no colapsaron, a pesar de un estudio técnico que indicaba lo contrario en caso de un sismo de cierta magnitud.

¿Existen algunas deficiencias de calidad en la construcción?
J. Larenas: Me parece que desde hace años Chile ha desarrollado una institucionalidad pública sólida. Existen organismos, entidades gubernamentales y académicas preocupadas de un conjunto de factores técnicos, que producen una alta calidad de respuesta frente a este tipo de eventos. Eso sí, en este caso concreto, en el ámbito de la vivienda no social se generaron situaciones particulares que se deben revisar, como por ejemplo, el hecho de construir en zonas de riesgo.

R. Tapia: Incluso en el caso de las viviendas sociales, además de los antecedentes de cada proyecto, se exige la fiscalización de las Direcciones de Obras, de los mismos diseñadores y del SERVIU. En el caso de viviendas para sectores medios -vivienda en altura-, me parece que aquí sí existen deficiencias, que incluyen factores como diseño de arquitectura, estructural (estudio de suelo de fundación y construcción), del proceso constructivo y de gestión, a corregir.

¿Qué aspectos deben incluir las viviendas de emergencia?
R. Tapia: En este punto hay que distinguir dos etapas. Por un lado, con el caso puntual del terremoto, se deben construir mediaguas de mejor calidad, con revestimiento y aislación térmica, especialmente para la zona sur. Hay que considerar que esta reconstrucción va a demorar, al menos, más de tres años, por lo que resulta importante desarrollar ciertos niveles que garanticen la salubridad de la población. Por otra parte, este es el momento para emplazar las viviendas en lugares adecuados y que tengan un buen estándar de acondicionamiento físico y ambiental.

¿Qué mejoras deberían producirse en vivienda social a nivel general?
R. Tapia: En este aspecto es vital construir en áreas carentes de riesgos, ya sea por amenazas naturales o antrópicas. También se debe poner en práctica un plan de ordenamiento territorial que defina cómo ocupar racionalmente el territorio que habitamos y habitaremos. En este campo resurge la idea o el concepto de la autoconstrucción, pero que debe ser asistida y participativa, involucrando a ONGs, entidades públicas y organismos de voluntariado, entre otros. Hay muchos profesionales jóvenes del área, como arquitectos, que podrían asesorar técnicamente a la gente, ya que la autoconstrucción por sí sola, es ineficiente.

¿Dónde deben hacer más hincapié las normas de edificación?
J. Larenas: Resulta importante incorporar un mayor número de mecanismos más efectivos de fiscalización, especialmente en el sector privado. El tema es cómo llegar a lograr un cierto nivel de control que evite los casos puntuales que se registraron en varios edificios en Santiago y regiones. Eso sí, hay que reconocer que esto no es un práctica generalizada, más bien son casos singulares, que deben ser estudiados y corregidos.

¿Qué variables deben considerarse a la hora de la reconstrucción?
R.Tapia: Hay que aprovechar esta instancia como coyuntura y oportunidad para hacer las correcciones y cambios que sean convenientes. Por ejemplo, aquéllas alusivas a la planificación y control sobre el suelo y su precio; reafirmar todos los aspectos estructurales y constructivos que efectivamente funcionaron. Por otro lado, se debe desterrar todo aquello que se comprobó estuvo mal, tal es el caso de no haber respetado las recomendaciones técnicas que señalaban las zonas de riesgo donde no se debía construir, como en Constitución y Dichato.

¿Cómo mantener la identidad histórica de los lugares?
J. Larenas: La única manera de resguardar el tema de la identidad es dialogando con todos los actores involucrados. Difícilmente se puede hacer diseños sentado en una oficina, hay que acudir a las comunidades respectivas, donde radica el conocimiento de cómo se comporta el territorio.

R.Tapia: Resulta importante mantener la identidad, pero hay que tomar en cuenta que los costos de reconstrucción son altos, en especial en zonas patrimoniales, como Cobquecura o Chanco, donde tanto los habitantes como los gobiernos locales poseen escasos recursos.

¿Es adecuado reconstruir viviendas en el borde costero?
J. Larenas: Este tema es delicado, ya que, por un lado, las comunidades que habitan ese sector tienen su vida hecha por años en dicho lugar, lo cual podría generar un desplazamiento forzado de su zona original. Por otra parte, muchos de estos territorios son lugares apetecidos por sus bondades turísticas y que además están asociadas a actividades recreativas de alto estándar para extranjeros.

R.Tapia: Me parece pertinente reconstruir en estas zonas, siempre y cuando efectivamente se respeten los antecedentes existentes que definen las áreas de riesgo en general.