¿Cuál es la realidad actual de Chile en construcción limpia y gestión de residuos?
La realidad es que la infraestructura para la gestión de los residuos todavía es insuficiente. Hay solamente siete sitios para disposición final de residuos de construcción en toda la Región Metropolitana, y unos cinco más en todo Chile. En el resto del país la infraestructura es muy precaria. Tampoco hay muchas empresas que gestionen el servicio del retiro del residuo, de manera tal que vayan a la obra a retirarlo y certifiquen que lo van a disponer en un lugar adecuado y dar garantías de ello. Asimismo, no existe un sistema organizado ni una fiscalización, o sea, hay muy poco. Por ejemplo, no hay un sistema que obligue a gestionar residuos; los que lo hacen es por voluntad propia o porque quieren tener algún tipo de certificación como la LEED, que pide tener los residuos gestionados.

Por otra parte, las municipalidades no tienen un rol en esto, salvo algunas pocas que retiran residuos de construcción; pero de ampliaciones de casas y cosas mínimas, no de obras grandes. Por lo tanto, hay todo un desafío en cuanto a desarrollar infraestructura, pero también un sistema de gestión y control por parte del Estado, que pueda normar esto y también velar por que se cumpla.

¿Qué medidas se han impulsado para mejorar en este ámbito?
En cuanto a medidas que se hayan generado para activar esto, está seguir buscando nuevos sitios, como es el caso de la empresa Regemac, que es una de las pioneras en este tema, que hoy está colaborando en la búsqueda de otros sitios adecuados para la disposición de residuos de construcción en regiones.

Por otro lado, el INN, en conjunto con el Minvu, están desarrollando una normativa para la definición de los residuos, para normar, entre otros, los distintos tipos de residuos, qué los compone, y desde ahí poder determinar qué es lo que se debe hacer con cada uno de ellos.

Lo demás han sido iniciativas que ha llevado a cabo el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Seremi Metropolitana. Buscar sistemas de gestión y fiscalización a nivel urbano, pero eso todavía no ha llegado a una solución concreta en el ámbito de la construcción; no se han generado instancias a partir de ello.

¿Qué desafíos quedan aún pendientes para avanzar más?
Claramente está el de desarrollar la infraestructura que se necesita, sobre todo en regiones, pero por otro lado, que podamos articular un sistema integral de manejo, en el cual actúen las municipalidades y que las constructoras asuman un costo que se pueda determinar de manera sistémica.

Así, es necesario que para cada tipología de construcción se pueda determinar un costo de retiro estándar, cosa que el que construye una obra ya sepa, en base a las características de esta, cuánto le va a costar esto. Así las reglas del juego son parejas para todos. Este sistema debiese estar controlado por las municipalidades y, además, tendría que habilitarse un sistema de trazabilidad y control de la información, en el cual las municipalidades que generan residuos se puedan coordinar con las que los reciben.

Es importante que no sea solo un tema en que haya un privado, que dispone de un sitio y recibe residuos de todas partes, porque hay también una responsabilidad con el entorno. Ahí las municipalidades tienen claramente una opinión, ninguna quiere ser destino final de los residuos de las demás sin una compensación ambiental.

Finalmente, lo demás son más sistemas informatizados de manejo, por ejemplo, de información y de trazabilidad. Al generarse los permisos de obra, las constructoras ya debiesen estimar y declarar cuáles van a ser sus volúmenes de residuo, de tal manera que esta información fluya en el sistema y pueda generar la gestión para hacerse cargo de este volumen.

¿Cómo estamos en el ámbito normativo en este tema?
En cuanto a normativa, hace falta sobre todo regulación. Como decía, hay una normativa que se está desarrollando para definir los tipos de residuos, pero no hay alguna que habilite la regulación y un sistema que se pueda hacer cargo de esta. Hoy solamente podemos fiscalizar el manejo de residuos a través de la Ley del Tránsito, que es cuando a un transportista se le sorprende sin su guía de despacho con sus residuos o no tiene certificado de destino, y se le cursa una infracción. Pero la constructora no asume ninguna responsabilidad desde el momento en que el residuo sale de sus obras. Esta debería hacerse responsable de que finalmente sus residuos lleguen a un destino final adecuado. Eso todavía hay que normarlo, hay que verlo con la autoridad; con los ministerios de Medio Ambiente y el Minvu; cómo hacer un sistema que organice esto, que ofrezca los incentivos adecuados y que también pueda fiscalizar.