¿Qué opinión tiene el ministerio en torno a la infraestructura pública y privada?
Construir el Chile del futuro demanda una mirada puesta en el largo plazo, lo que exige institucionalizar una visión y proyectar las obras de infraestructura necesarias para los próximos 40 años, considerando tendencias económicas y demográficas, desafíos tecnológicos (ciudad del futuro) y climáticos (el efecto del cambio climático en las disponibilidades de agua y los requerimientos que impone en el diseño de las obras). Somos un ministerio con mirada de futuro, cuyos proyectos de infraestructura son obras de Estado que trascienden a los gobiernos. Las buenas obras públicas son calidad de vida, la cara visible del progreso.

Como menciona un reciente informe de la OCDE: “Una debilidad fundamental identificada en el marco de gobernanza de Chile es la falta de planificación de infraestructura a mediano y largo plazo por parte del gobierno central”. Lo anterior nos demanda como MOP llegar a tiempo para resolver las necesidades de la gente. La infraestructura es calidad de vida, así como una inversión para subir el PIB potencial (que hoy está bajo), con obras vía concesiones, principalmente.

Según su diagnóstico, ¿nos hemos quedado estancados en infraestructura?
Como ministerio debemos anticiparnos a las necesidades que la población exige; pareciera que el MOP está llegando tarde. Nos encontramos con retrasos en obras clave, lo que genera un costo social y económico muy importante. Nuestra obligación es solucionar con diligencia y eficiencia los problemas, para así mejorar la calidad de vida de los chilenos. Por otro lado, también son preocupantes las trabas de diversa índole que obstaculizan el avance de las obras. Nuevamente, en ello parece haber falta de capacidad de prever, de adelantarse a los problemas técnicos, medioambientales o ciudadanos asociados a los proyectos, de modo de resolverlos con un mejor diseño previo.

¿De qué depende la solución a esta problemática?
Somos un Ministerio de Obras, no solo de proyectos y licitaciones. El desafío es sacar adelante los proyectos a tiempo. Hay proyectos por US$6.850 millones que van a entrar en servicio tarde respecto del momento económico óptimo, y el costo para el país de ese retraso es de US$500 millones al año.

Nuestro objetivo fundamental es superar los retrasos y llevar adelante las obras más importantes, porque estas demoras (ocasionadas por problemas de diseño, diferencias al interior del Estado, evaluaciones ambientales, impacto en comunidades, etc.) son muy perjudiciales para la economía. Entre los proyectos con retraso están el Aeropuerto AMB, la autopista Américo Vespucio Oriente AVO 1, la Carretera de la Fruta, los puentes Cau Cau, Chacao e Industrial de Concepción; hospitales como el Geriátrico Salvador y el Sótero del Río, y embalses como el de Punilla. Todos estos deben ser activados para entrar en servicio oportunamente. Chile pierde mucho con los atrasos y el MOP pareciera estar llegando tarde.

En cuanto a las concesiones, serán una herramienta central de nuestra estrategia. Son un mecanismo de alianza pública-privada en Chile y nuestro país es precursor en la materia. Han cumplido un rol muy importante, que esperamos expandir y reforzar. Pero, obviamente, la pertinencia de dicho instrumento en cada caso amerita un análisis especial, considerando, por ejemplo, los costos de las distintas alternativas de financiamiento.

En infraestructura pública, ¿dónde se encuentran las mayores necesidades?
Hay necesidades en infraestructura logística e hídrica. También hay que mejorar los estándares de las carreteras. En esta materia, debemos preparar y proceder a relicitar 1.500 km, cuyas concesiones vencen en el período 2018-22, en base a autopistas de nueva generación. Algunas de ellas, la Ruta 5, 68 y 78, de La Serena al Sur, entre otras variantes. Es clave hacerlas con un nuevo estándar de servicio, de manera que la experiencia de viaje sea mucho mejor para sus usuarios. Esto incluye tener doble vía desde Arica a Chiloé; terceras vías en zonas con más tráfico, como Santiago-Rancagua; y mejorarlas en cuanto a seguridad y peajes automáticos, como peaje con barreras de “flujo libre”.



Es evidente que nuestra infraestructura caminera y aeroportuaria está copada, y con urgencia deberemos encarar nuevas inversiones para mejorar su capacidad y estándar de servicio. Esto implica un crecimiento potencial y bienestar de la gente. Asimismo, el agua será uno de los ejes de nuestra gestión. Hay cambios legales, regulatorios, inversiones en embalses y otras obras de riego.

El terminal AMB se está ampliando con criterios resilientes. ¿Se hará lo mismo con la futura infraestructura del país?
Debemos procurar contar con una red de infraestructura resiliente, tanto en rutas como en aeropuertos alternativos, para sortear interrupciones por catástrofes naturales. En ese sentido, el proyecto de ampliación de AMB es una obra emblemática del gobierno que vendrá a solucionar los problemas de colapso que vive el principal terminal del país. El aeropuerto actual está diseñado para 16 millones de pasajeros y hoy el flujo anual supera los 21 millones, lo que confirma que estamos en problemas.

La construcción avanza, pero lamentablemente ha generado molestia entre los usuarios, debido a problemas asociados al proyecto, por lo que le hemos solicitado a la concesionaria tomar medidas al respecto. Una vez que se entregue, estamos haciendo esfuerzos desde el MOP para que se modifique el calendario de construcción, que incluye etapa de espigones a fin de año y obra completa en 2020. Se estima que para ese entonces el tráfico estará cerca de su capacidad máxima de 30 millones. Ahora bien, el contrato que tenemos permite gatillar ampliación a opción del MOP, sujeto a parámetros predefinidos.

¿Cuáles serán los principales desafíos por materializar a mediano plazo?
Formular un Plan Nacional de Infraestructura Logística e hídrica, que son factores clave para fortalecer la competitividad y elevar el crecimiento potencial de la economía nacional. Esta debe ser fundada en una visión de Chile a largo plazo. Como MOP reimpulsaremos y fortaleceremos la política de concesiones ampliando la cartera de proyectos hacia otros sectores; ello requiere promover las iniciativas privadas de concesiones, y agilizar su aprobación, licitación, adjudicación y construcción.