Paulina Saball.

¿Qué proyección se espera de 2017 en materia de vivienda y desarrollo urbano?
2017 será para nuestro ministerio un año muy activo y alineado con el cumplimiento de los compromisos del gobierno de la Presidenta Bachelet en estas áreas. En este sentido, se asignarán más de 207 mil subsidios habitacionales, de los cuales 84.519 están destinados a afrontar el déficit cuantitativo y 123.160 el cualitativo.

Respecto al déficit cuantitativo, estarán en construcción 122.144 viviendas; 65.599 de ellas corresponderán a proyectos de integración social y territorial, con altos estándares de urbanización, buena localización, diversidad de tipologías de vivienda, eficiencia energética y accesibilidad universal, entre otros aspectos. Asimismo, gestionaremos el cierre de 75 campamentos en el país.

Para abordar el déficit cualitativo, en tanto, ejecutaremos 112.228 intervenciones de mejoramiento, ampliación o adaptación de viviendas urbanas y rurales, colectivas e individuales. Además, se asignarán 123.160 nuevos subsidios para mejorar la calidad de las viviendas existentes y sus entornos. Cumpliendo los compromisos presidenciales, estaremos trabajando en 235 barrios a través del programa Quiero mi Barrio; ejecutaremos 166 kilómetros de ciclovías de alto estándar; 28 parques urbanos y 47 obras en espacios públicos.

¿Qué novedades se esperan para la clase media y grupos emergentes?
A través del nuevo Programa de Integración Social y Territorial, tendremos más de 221 proyectos en construcción y, al final del gobierno de la Presidenta Bachelet, 105 mil viviendas estarán construidas o en ejecución.

Una innovación de gran relevancia es la puesta en marcha del Sistema de Información Territorial de la demanda Minvu Conecta, que a través de una operación simple y accesible nos permitirá establecer un vínculo directo con quienes buscan apoyo del Estado para adquirir, construir o mejorar su vivienda, además de brindarles información oportuna y veraz que oriente sus decisiones, y disponer de información territorializada de la demanda para sustentar nuestras decisiones en materia de distribución de recursos y adecuación de programas.

¿Dónde se ha concentrado el foco en eficiencia energética y qué se espera para el próximo?
Estamos muy comprometidos con la agenda país de eficiencia energética y construcción sustentable. A través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, hemos posibilitado el acondicionamiento térmico de miles de viviendas existentes, especialmente en las ciudades con plan de descontaminación atmosférica, y la instalación de sistemas solares térmicos para la generación de agua caliente sanitaria. Iguales beneficios hemos incluido en los Planes de Reconstrucción de Iquique, Arica, Valparaíso, Atacama y Calbuco, instalando sistemas solares térmicos y sistemas fotovoltaicos en las viviendas nuevas.

Otra de las iniciativas es la Calificación Energética de Viviendas, herramienta que entrega información objetiva a los usuarios respecto del diseño y materialidad de la vivienda y la eficiencia de los equipos de calefacción y agua caliente sanitaria, y uso de energías renovables no convencionales. Ya hemos evaluado más de 23.000 viviendas a lo largo del país. En conjunto con CORFO y el Centro UC de Innovación en Madera, acabamos de inaugurar la vivienda piloto del primer barrio ecosustentable en Chañaral, el primero de varios proyectos destinados a impulsar la construcción en madera que incorpora a la vez nuevas técnicas y tecnologías que mejoren la eficiencia energética de las viviendas.

¿Cómo han enfrentado los problemas de carencia habitacional en áreas rurales?
El Programa de Habitabilidad Rural, que la Presidenta Bachelet anunció el 21 de mayo de 2015, es una de las propuestas más innovadoras diseñadas e implementadas durante el actual gobierno en materia de política habitacional, pues modifica el paradigma de esta política pública, comprendiendo que las carencias que enfrentan las familias rurales no solo deben ser abordadas desde la perspectiva del déficit habitacional, sino, en un contexto amplio e integral asociado a las condiciones de habitabilidad existentes.

Con soluciones pertinentes desde el punto de vista geográfico, cultural y productivo, abordamos las distintas expresiones del déficit de habitabilidad de las familias, como la inexistencia de una vivienda; viviendas con altos niveles de allegamiento o enfrentadas a procesos de deterioro; viviendas cuyos diseños no consideran las necesidades de las familias en el contexto de las actividades productivas que ellas desarrollan; falta de equipamientos comunitarios, entre otros ejemplos.

¿Cuáles son los desafíos pendientes para lograr ciudades más inclusivas?
Sin duda, el desarrollo inclusivo de las ciudades es nuestro principal objetivo nacional. La Ley de Afectaciones primero y, luego, la Ley Aportes al Espacio Público -recientemente aprobada-, apuntan a resguardar la calidad de nuestras urbanizaciones, a la vez que establecen responsabilidades públicas y privadas en su concreción.

Por otra parte, el reglamento de la Ley sobre Accesibilidad Universal está destinado a otorgar garantías al desplazamiento de los casi 3 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad o dificultad para desplazarse en la ciudad.

De igual modo, hemos aumentado significativamente la inversión pública en obras urbanas destinadas a generar ciudades más amables, integradas y seguras. Con ese propósito hemos desarrollado el programa de construcción y mantención de parques urbanos; rehabilitación de espacios públicos; nuevas vialidades y ciclovías, entre otros programas.

Nuestro principal desafío hoy es concordar indicadores y estándares urbanos, que definan los mínimos que debemos garantizar en el desarrollo de nuestras ciudades y que estén alineados con los objetivos de nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano y la Nueva Agenda Urbana.

En otro tema, ¿cómo hacer planificación de ciudades resguardando el patrimonio?
La pregunta menciona dos temas muy relevantes para la gestión ministerial: la conservación del patrimonio y la movilidad. En cuanto al primero, estamos trabajando para acordar y difundir los criterios con los que se determinan las zonas e inmuebles protegidos, para que se haga en coherencia con los instrumentos de planificación del territorio. Respecto a la movilidad, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la reglamentación de la Ley de Aportes al Espacio Público. Desde la planificación y el diseño urbano, se deben propiciar ciudades que generen menos viajes en modos de transporte poco sostenibles, más caminables y compactas, con una mixtura de usos que permita acceder a bienes y servicios sin tener que desplazarse o haciendo viajes cortos, contribuyendo a generar más equidad dentro de la ciudad.

Ley de Aporte al Espacio Urbano

Esta ley perfecciona el sistema de responsabilidades que recaen sobre los distintos actores que participan del desarrollo urbano, estipulando que todos deben contribuir para avanzar hacia ciudades más equitativas. “Ahora se crea un sistema alternativo para que los proyectos que generan crecimiento urbano por densificación también se hagan cargo de su impacto en la ciudad, específicamente en el sistema de movilidad y espacio público”, detalla Paulina Saball.

Los aportes a realizar serán coherentes con el desarrollo que se quiere para las comunas y ciudades en las que los proyectos inmobiliarios se inserten. Para ello, se crearán planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacios públicos, comunales e intercomunales. Los aportes financiarán las obras incluidas en estos planes, así como su formulación y actualización. “En las comunas en las que exista un plan intercomunal, al menos el 40% de los aportes recaudados deberá destinarse a ejecución de obras incluidas en dicho plan”, prosigue.

Con esta nueva ley todos deberán mitigar en proporción al impacto que generan y ese impacto se mide sobre el sistema de movilidad, que contempla diversos modos de desplazamiento. Los proyectos, de esta manera, se hacen cargo no solo de mitigar el impacto vial sino de aportar para espacios públicos y obras de movilidad y mantener los estándares al densificar.