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CChC presenta Propuesta para una
nueva Política de Desarrollo Urbano
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción, CChC.
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La CChC presentó de manera oficial su propuesta de Bases para una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), instrumento del que el país carece desde el año 2000 y que orienta y coordina el accionar público en materias de ciudad y territorio y para cuya adecuada implementación se requeriría, según el gremio, de la creación de una Subsecretaría de Desarrollo Urbano. Una de las principales novedades de esta iniciativa es que plantea que el foco del desarrollo de las ciudades debe estar puesto en las personas y en su capacidad de elegir libremente “dónde” y “cómo” quieren vivir, conjugando el ejercicio de la “libertad” con la “responsabilidad” de asumir los costos de sus decisiones.

La propuesta gremial, que fue entregada al Presidente de la República, Sebastián Piñera, fue presentada en el seminario "Calidad de vida y ciudades competitivas", que se desarrolló en Espacio Riesco, donde la CChC celebró la Semana de la Construcción 2011.


Motivaciones

Chile ha tenido dos PNDU en su historia, una dictada en 1979 y otra en 1985, la cual fue derogada hace once años. Para Fernando Herrera, Presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, "en parte producto de esta situación es que el modelo de desarrollo urbano está en crisis. Así lo demuestran, por ejemplo, tanto los conflictos que enfrentan los proyectos para materializarse como la injustificable demora con la que se tramitan y aprueban los planos reguladores".

De ahí que sea urgente que el país cuente con una nueva normativa que entregue orientaciones explícitas en materias de ciudad y territorio, que guíe el accionar de los organismos públicos y que impida que la autoridad aplique criterios incluso contradictorios en temas como crecimiento de lacchc2.jpg (13189 bytes) ciudad, participación ciudadana, protección del patrimonio y localización de actividades molestas, entre otros.

Contar con una PNDU también crearía un marco de certidumbre que favorecería la convivencia y generaría un ambiente propicio para las inversiones, puesto que, en su ausencia, las discusiones se trasladan a cada proyecto en particular. Asimismo, otorgaría sustento para una reformulación global de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de su Ordenanza General.

La propuesta de la CChC explica que los objetivos que debe perseguir toda Política Nacional de Desarrollo Urbano son la generación de espacios físicos para que los ciudadanos puedan desarrollar libremente sus vidas y actividades; manejo responsable, racional y eficiente de las externalidades urbanas, incluyendo las medioambientales y de sustentabilidad; propiciar una participación ciudadana responsable en un contexto de certeza jurídica en los proyectos y para los ciudadanos; y contribuir a la competitividad del país en base a ciudades con ventajas competitivas.

Por su parte, la propuesta de crear una Subsecretaría de Desarrollo Urbano, que respete el rol subsidiario del Estado y descentralice la toma de decisiones en esta materia, se sustenta en que, actualmente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no cuenta con una institucionalidad orientada específicamente al tema urbano, que le permita abordar con decisión las materias asociadas al desarrollo de las ciudades.


12 principios CChC para una PNDU

1. Disponibilidad de suelo asegurada para un horizonte de al menos 20 años.

2. Tratamiento no discriminatorio del territorio.

3. Traspaso de suelo fiscal a manos privadas, salvo el caso de terreno con restricciones excepcionales.

4. El borde costero concebido como una oportunidad de desarrollo, debe ser impulsado con una visión moderna de manejo de este territorio, a la vez audaz y respetuosa, que permita ocuparlo productiva y responsablemente, sin dejar de considerar su carácter de patrimonio.

cchc3.jpg (13403 bytes)5. Internalización de las externalidades positivas y negativas asociadas a las decisiones de localización de los desarrollos.

6. Instrumentos de planificación territorial con capacidad para adaptarse a las dinámicas territoriales en forma oportuna, incorporando planificación por condiciones.

7. Reconocimiento por parte del Estado de las externalidades positivas asociadas al patrimonio natural y construido, y de su responsabilidad en el financiamiento para lograr su conservación, incentivando su uso.

8. Administración de riesgos naturales con mecanismos distintos a la zonificación excluyente.

9. Separación de las funciones pública y privada, donde el Estado regule a través de sus atribuciones normativas, mientras que la función inmobiliaria recaiga en los privados, dentro del marco normativo.

10. Participación ciudadana orgánica en la planificación y certeza jurídica en los proyectos y para los ciudadanos.

11. Competitividad del país en base a ciudades con ventajas competitivas para vivir, visitar o hacer negocios.

12. Calidad de vida urbana con adecuados estándares de servicios, equipamientos y medioambientales.

Julio 2011
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