¿Por qué una reunión con el Gobierno?
Porque consideramos que es fundamental que la autoridad gubernamental tome cartas en el asunto para lograr que la tuición ética vuelva a ser una atribución a nivel gremial, como ocurría hace algunos años atrás. Anteriormente, existían los denominados colegios profesionales, que obtenían su personalidad jurídica en virtud de la ley y según los cuales todo profesional debía, obligatoriamente, pertenecer a ellos y someterse a normas éticas y jurídicas que regulaban su actividad. Sin embargo, esta realidad cambió a partir de la dictación del Decreto Ley Nº 2.757 de 1979, que sustitiyó este régimen de colegiatura por otro de afiliación voluntaria a asociaciones gremiales, normativa que fue complementada con el Decreto Ley Nº 3.621 de 1981, que a su vez entregó a los tribunales de justicia la facultad para dirimir conflictos entre profesionales o entre éstos y sus clientes, para velar por el cumplimiento de la ética. Es por esto que creemos que resulta necesario recuperar el carácter obligatorio de la afiliación a los colegios, así como la atribución que éstos tenían de ejercer la tuición o control de la ética de sus miembros, ya que ello representa la mejor manera de defender los intereses de la comunidad.

¿En qué se sustenta este planteamiento?
En que, actualmente, hay una verdadera incertidumbre en cuanto a la identidad de quienes están legalmente autorizados para el ejercicio de una profesión, además de no existir una instancia de responsabilidad gremial y disciplinaria efectiva para un correcto ejercicio profesional. Ello deriva en que, en numerosas ocasiones, las conductas inapropiadas no sean sancionadas, causando graves daños al derecho de la ciudadanía de obtener servicios profesionales eficientes, oportunos, transparentes y de buena calidad.

¿Qué factibilidad existe de resolver este tema?
Estamos muy optimistas de poder lograr el cambio deseado, ya que hemos encontrado una muy buena acogida tanto a nivel de Gobierno como de representantes del Parlamento, siendo un buen ejemplo de este último caso el del diputado Enrique Accorsi, ex Presidente del Colegio Médico, quien solicitó la reunión efectuada el pasado 5 de Abril en La Moneda. En concreto, queremos que el Ejecutivo dé carácter de urgencia a este proyecto de ley existente en el Congreso, el cual debe otorgar a los colegios profesionales la calidad de personas jurídicas con colegiatura obligatoria, ya que es la única manera de que se transformen en verdaderas instancias capaces de juzgar las violaciones a la ética de cualquier profesional, esté o no colegiado.