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Sonia Tschorne,
Ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales
“El desafío del próximo Gobierno será mejorar la equidad urbana”

Hace poco más de una década el déficit habitacional en Chile se empinaba por sobre el millón de viviendas y la erradicación de los asentamientos irregulares era el elemento central de las políticas de Gobierno. Sin embargo, la búsqueda por hacer frente de manera acelerada a este fenómeno propició la aparición de enormes sectores habitacionales en la periferia de la ciudad, que hoy efrentan la falta de áreas verdes, problemas de seguridad, transporte y acceso. Para hablar sobre la nueva estrategia del Gobierno en materia habitacional y los desafíos de la próxima administración, conversamos con Sonia Tschorne, Ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.

¿Cómo ha cambiado el concepto de vivienda social en Chile en los últimos años?
Sin duda se ha distorsionado mucho la forma en que las familias asumen el concepto de vivienda y eso ha transformado a su vez la visión del Gobierno en esta materia. Hasta hace unos 10 ó 20 años atrás, vivienda era sinónimo de techo, seguridad y de condiciones para poder resguardar el desarrollo de la vida familiar. Sin embargo, en la me-dida en que al país le ha ido mejor económicamente y se han elevado las condiciones de vida de la gente, la vivienda pasó a ser patrimonio familiar y recurso financiero para acceder a otros bienes. Distintos estudios nos indican que muchas de las familias que reciben una vivienda la arriendan o la venden, incluso a costa de seguir viviendo de allegados.

De esta forma, el rol del Estado también se ha modificado y hoy día ya no hablamos de "entregar viviendas" sino de subsidios para ayudar a las familias a obtener una vivienda. Estamos enfocados en dar soluciones habitacionales a las familias de más escasos recursos, que corresponden a los tres primeros deciles, segmento donde hemos invertido cerca del 70% del presupuesto destinado a subsidios, aproximadamente unos US$900 millones.

Este cambio de concepto se observa también en las reivindicaciones que en este último tiempo se han he-cho por el tema de la calidad, donde familias que han sido beneficiadas con subsidios no están conformes con los resultados que han obtenido y exigen compensaciones que están muy por sobre el valor original de las viviendas y el nivel de endeudamiento que asumieron. Entonces, se trata de un tema patrimonial y no de dignidad, porque la dignidad no se compra con dinero, sino que con mejoras en la calidad de vida de las personas.

¿En qué medida la vivienda social efectivamente es sinónimo de mejor calidad de vida?
Primero que todo, es necesario tomar en cuenta que las familias que hoy piden indemnizaciones fueron beneficiadas por subsidios habitacio-nales que en su minuto ayudaron a mejorar su calidad de vida. Hoy día, sin embargo, como aumentaron sus expectativas, lo que es muy legítimo, se olvidaron que hace 15 años muchas de ellas vivían en campamentos, asentamientos irregulares sin conexión al agua potable ni alcantarillado. Sus aspiraciones entonces eran salir del campamento y trasladarse a departamentos de 40 m² a 42 m², lo que significaba efectivamente una vida mejor. Sin embargo, lo que ocurrió fue que cambiaron los parámetros para medir la calidad de vida, pero no varió el concepto de cómo se debe lograr esta mejor calidad de vida. El problema hoy es que las personas están esperando que el estado les entregue una ampliación, una reparación de sus viviendas, mejor urbanización o áreas verdes, mientras que nosotros evaluamos que no es obligación de éste mejorar la vida de las familias, sino más bien crear las condiciones para que sean ellas mismas las que se forjen un mejor pasar y darle acceso directo sólo a aquéllas que están bajo la línea de la indigencia.

¿Qué condiciones se deben crear?
Todo apunta a ayudar a las fami-lias a superar la pobreza a través de una acción global, donde la vivienda no es un medio sino un fin.

En este sentido, es más importante destinar recursos para capacitación e inserción laboral, para que con su trabajo las personas obtengan una vivienda y puedan mantenerla en el tiempo, porque muchas veces hemos visto cómo las familias pierden sus viviendas porque no pueden asumir los costos que implica mantenerlas.

Entonces, el acceso a la propiedad no es la respuesta a la pobreza, porque Chile es el quinto país en el mundo con más propietarios per cápita y, sin em-bargo, no hemos podido erradicar completamente la pobreza.

¿Hacia dónde apunta entonces la estrategia habitacional del Gobierno?
El desafío hoy es cómo mejoramos la constitución de los barrios y, sin duda, la meta del próximo Gobierno va a ser avanzar hacia una mayor equidad urbana y calidad en materia de acceso a los servicios. Podremos seguir creando nuevos planes para aumentar el número de viviendas y ayudar a las familias a mejorarlas y ampliarlas, pero el objetivo principal será cómo mejoramos los barrios que se construyeron para abodar el déficit de más de 1 millón de viviendas -que hoy ha disminuido considerablemente-ya que éstos enfrentan la segregación y la estigmatización social. Tenemos que buscar fórmulas para rehabilitar esos barrios y garantizar seguridad ciudadana y plusvalía para las viviendas.

¿Qué se está haciendo puntualmente en este sentido?
Tenemos dos grandes proyectos. Uno de ellos es el Observatorio Urbano, con el cual vamos a abrir toda la información que tenemos disponible sobre el desarrollo urbano en Chile, lo que nos va a permitir determinar las necesidades de las distintas comunas y organizar las futuras acciones y políticas urbanas.

Por otro lado, está el Portal Bicentenario, un proyecto urbano-inmobiliario de gran trascendencia nacional e internacional, que busca mejorar, en un corto plazo, la calidad de vida de los habitantes de las áreas centro y sur poniente de la capital, lo que marcará un hito en el desarrollo de Santiago.

Noviembre 2005
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