¿Cuáles son los principales efectos sociales del déficit habitacional y cómo espera el Gobierno terminar con este problema?
No hay desarrollo sustentable si hay personas que quedan excluidas de los beneficios del progreso económico y el desarrollo. La falta de una vivienda digna y los malos entornos fomentan la exclusión social, la delincuencia y la drogadicción.

En los cuatro años de gobierno de la Presidenta Bachelet, nos proponemos terminar con el déficit habitacio-nal que persiste entre el 20% más pobre del país y que afecta a unas 140 mil familias. Este primer año cumpliremos un 30% de la meta, entregando 42 mil viviendas. Para ello, contamos con el Fondo Solidario de Vivienda, que permite a las familias de menores recursos acceder a una casa sin deuda. Necesitan un ahorro de 10 UF (180 mil pesos), organizarse y postular para tener en un plazo de dos a tres años una solución en la que no pagarán dividendos. Esta es la fórmula para quienes no tienen capacidad de endeudamiento. Reforzaremos las Oficinas de Información y Atención al Usuario que posee el Ministerio en todo el país, para que los beneficiarios sepan a qué subsidio pueden postular y cómo hacerlo, de manera que esperen lo menos posible por su casa.

Además, avanzaremos en la reducción del déficit total de vivienda, manteniendo los subsidios que, junto al ahorro de las familias y un crédito bancario, les permite adquirir una vivienda nueva o usada.

¿Cómo pretende su cartera mejorar la calidad de las viviendas sociales?
Para que todos los ciudadanos accedan a viviendas dignas, en barrios seguros y ciudades sin ghettos, hemos decidido construir viviendas con estándares de calidad más exigentes, de más metros cuadrados, insertas en barrios equipados con servicios de educación, salud, transporte y espacios públicos. Una vivienda social no tiene por qué ser sinónimo de vivienda mal construida, aislada y marginal. Es una tarea difícil, a la que estamos invitando a participar a todos los actores involu-crados en el sector de la vivienda social. Probablemente será necesario allegar más recursos a esta tarea, pero también mejorar la productividad de los agentes económicos y mejorar la gestión pública y privada en la producción de las soluciones habitacionales.

Este Gobierno está convencido de que vivir mejor es posible y por eso ha tomado la decisión de abordar frontalmente esta tarea.

¿Qué rol debe jugar el sector privado en materia de construcción de viviendas?
El sector privado seguirá teniendo el rol protagónico en materia de construcción de viviendas. Esperamos que su papel sea decisivo en los aspectos de mejoramiento de la productividad y la gestión. Hace algunos días recibí a las directivas de la Cámara Chilena de la Construcción y del Colegio de Arquitectos, quienes me ofrecieron su colaboración para sacar adelante el programa de gobierno. Estamos conformando grupos de trabajo para abordar cada una de las materias en las cuales podamos recibir aportes en estudios y experiencia, con el objetivo de ir logrando metas.

¿Qué ocurre con los entornos, con la meta de recuperar los 200 barrios más deteriorados?
El compromiso de los próximos cuatro años no sólo se centrará en dar definitivamente casa a los más pobres, sino en integrar socialmente a las miles de familias que hoy se ven segregadas en las ciudades, habitando barrios deteriorados urbana y socialmente. Vamos a implementar un programa integral en las obras de recuperación, en convergencia con políticas sociales, para lograr junto con los propios habitantes recuperar a lo menos 200 barrios en este gobierno. La idea es no sólo mejorar las condiciones físicas de viviendas y entornos, sino también hacerse cargo de las necesidades más sentidas de esas comunidades, como son los temas de seguridad, empleo, equi-pamiento y transporte, entre otros. Este esfuerzo se enmarca en los 36 compromisos de la Presidenta Bachelet .Para los primeros 100 días de gobierno tenemos el compromiso de definir los criterios e identificar esos 200 barrios. Muchos de ellos requerirán de obras de mejoramiento del espacio público, equipamiento social y las viviendas. Algunos casos con condiciones graves de deterioro y hacinamiento requerirán medidas más extremas, como demoler y reconstruir un nuevo ambiente urbano, más integrado y de calidad.

¿Qué viabilidad existe de construir las viviendas más cerca de los polos de desarrollo?
Estamos concientes que el mayor problema de la vivienda social ya no radica tanto en su calidad -tema donde hay grandes avances- sino que en su localización, es decir, en nuestra capacidad de que los más pobres puedan acceder a lugares más equipados, integrados y accesibles. No puede ser que en un mismo país, haya barrios de primera, de segunda o tercera categoría.

Los mecanismos son muchos y variados, y requieren de consensos para su implementación. Van desde instalar una política de suelos, hasta mecanismos regulatorios que permitan aumentar la generación de terrenos bien ubicados con fines sociales (tal como hoy se hace para las áreas verdes), evitando con ello la especulación con las necesidades de los más pobres. También se han estudiado mecanismos normativos que fomenten la integración social y las cuotas de suelo para vivienda social en grandes proyectos urbanos o a nivel de las comunas. Otra estrategia será favorecer la compra de viviendas usadas.

¿En qué consiste el objetivo de reformar el actual marco normativo de gestión urbana?
Frente al nuevo contexto del desarrollo de nuestras ciudades y barrios, se requieren reformas al marco regu-latorio urbano que faciliten el desarrollo armónico y eficiente de nuestras ciudades y sus territorios, impulsando una mayor integración social y participación ciudadana, además de nuevos mecanismos que permitan la asociación entre el sector público, privado y la comunidad. Esto significa aumentar la descentralización del Estado, fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales, y modernizar los instrumentos de gestión y planificación urbana, dotándolos de más capacidades para regular, compensar y financiar el desarrollo de las ciudades. Para lograrlo, como primer paso queremos reformar de Ley General de Urbanismo y Construcciones, con un énfasis en la descentralización, participación ciudadana, gestión público-privada e integración social. Esta ley ya ha cumplido 75 años desde su origen y requiere de una urgente adaptación a las necesidades del la comunidad.