Cerca de 80 arquitectos provenientes de las diversas Delegaciones del Colegio a lo largo del país participaron en el encuentro, planteando como necesario enfrentar los roles de la profesión y del Colegio hacia la ciudadanía tomando como base el tema territorial con tres ejes temáticos: Políticas en el territorio, Acción en el territorio y La formación y el territorio.

Diagnóstico urbano

Los profesionales concluyeron que nos enfrentamos a una ciudad cada vez menos vivible, menos participativa y menos accesible, planteamiento que parte de la base de la actual situación social y económica nacional. Se postula que en este último tiempo, un importante sector de la sociedad chilena ha expresado su malestar ante diferentes situaciones que le afectan, lo que ha sido particularmente relevante en el ámbito de la educación superior. A la par, se constata que una mayoría social opina que las actuales condiciones de participación en las decisiones que impactan el hábitat personal y colectivo no contribuyen a solucionar los problemas de desigualdad y abuso.

Luis Eduardo Bresciani, Presidente Nacional del Colegio, precisa que "la experiencia cotidiana de la calidad de vida en todos los ámbitos, incluyendo a las ciudades y poblados, se manifiesta en situaciones muy disímiles, aun cuando exista una mejora en algunos índices. Los barrios y comunas que reciben el beneficio de las inversiones, se enriquecen a niveles impensados, mientras que algunos mejoran lentamente algunas condiciones y otros empeoran en aspectos como el espacio público, la accesibilidad a los servicios y a las áreas de esparcimiento en sectores de alta vulnerabilidad social. La creciente desigualdad urbana es un tema que a los arquitectos nos presiona". Agrega que "siendo una situación global, en nuestras ciudades, la situación generada en las últimas décadas por el cambio de un Estado protagonista en la Planificación Urbana hacia un Estado subsidiario como es el actual, no sólo no ha contribuido a una mayor equidad social mediante el libre movimiento de las inversiones, las ofertas, las demandas y el libre acceso a los productos urbanos, sino que ha generado también la desregulación de la actividad económica y social, generando un mayor desbalance en la capacidad de acción de las personas sobre su propio hábitat". En este sentido, se da la generación de ciudades funcionalmente disgregadas y segregadas socialmente, en sus edificaciones, espacios públicos y en la funcionalidad de los servicios urbanos.

Bresciani señala que, en cuanto a la vivienda, "advertimos una participación del Estado reducida a las necesidades más básicas con algunos atisbos de desarrollo de barrios y proyectos participativos en los últimos años, pero que no alcanzan para generar una buena y real calidad de vida".

En un segundo análisis relativo al Desarrollo Territorial Urbano, señala que nos encontramos con que la apuesta a que la llamada "Gestión Urbana" asuma un rol protagónico, en desmedro de la Planificación del Territorio, estimada como un asunto superado, se expresa en la desconexión de los sectores que inciden en la gestación de la ciudad y en la falta de instrumentos de planificación, urbanos y territoriales.

Propuestas

Frente a este diagnóstico urbano, se plantean ciertas acciones concretas a proponer y ejecutar como gremio. De partida, la necesidad como Colegio de abogar por el Derecho a la Ciudad, restaurando su sentido democrático de convivencia y haciendo de ella el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva y de calidad. También resulta clave acoger a las organizaciones de la sociedad que han debido afrontar luchas por la defensa de sus barrios y patrimonio cultural.

En un segundo marco de acción gremial, se señala que existe una necesidad consensuada de establecer una coordinación expedita y con la necesaria autonomía entre las Sedes Regionales y el Directorio Nacional del Colegio. Además, se presenta el requerimiento de destacar al Servicio de Asistencia Técnica, SAT, como el puente que el Colegio tiende entre la comunidad y el MINVU. Se plantea que el Colegio debiera buscar que el Estado asuma el costo de este servicio hacia los sectores más vulnerables y que las universidades -al igual que en el caso de los egresados de derecho- exigieran una práctica mínima obligatoria asimilable al Servicio País.

En cuanto a Políticas de Ordenamiento Territorial, se detecta que el cambio del rol del Estado en los últimos decenios ha abandonado su natural sentido de planificador y principal propietario y gestor de los bienes productivos y bienes de servicio del país, lo que ha resultado negativo para el desarrollo de las ciudades y asentamientos, por cuanto el impulso a la gestión privada, la que no tiene obligación de velar por el desarrollo conjunto de las necesidades urbanas, ha dificultado seriamente el acceso universal al uso del suelo al no contemplar reservas por parte del Estado y entregarlo a su uso por el valor del mercado.

Ante ello, se manifiesta la urgencia de generación de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, acompañada de su respectiva ley, que dé coherencia al desarrollo regional y urbano. Esta política nacional dará coherencia territorial a la acción del sector público y deberá dar origen a una ley de ordenamiento territorial, que permita a los distintos organismos y niveles territoriales de decisión compartir objetivos comunes en lo que se refiere a la utilización y protección de los recursos naturales, las prioridades de ocupación y urbanización, la utilización del suelo según su aptitud y restricciones, etc.

Se destaca la necesidad de una mayor compresión de lo que significa la sostenibilidad del territorio, en todos sus aspectos, físicos, ambientales, culturales, económicos y sobre todo un ambiente social más humano y de mejor calidad. Plantean así, que la diversidad del extenso territorio nacional obliga a abordar la sustentabilidad del quehacer arquitectónico y urbanístico desde la especificidad propia de cada localidad. Para esta situación, presentan como esencial la creación de un Organismo Nacional encargado del desarrollo territorial y de rango ministerial.

El Congreso también se pronuncia por una profunda revisión de las leyes, poniendo énfasis en la gestión de las comunas: las municipalidades deben ser reconocidas en su carácter de empresas de servicio público y las Direcciones de Obra deben pasar a ser unidades de gestión del desarrollo urbano comunal. En este marco, resulta primordial para el Colegio continuar en la tarea de ser parte actuante y con capacidad de gestación, en la nueva Política de Desarrollo Urbano que lleva el Ministerio de Vivienda, sumándose activamente a la modificación de la Política y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Formación profesional

Finalmente, el debate se movió en torno al tema "La enseñanza, formación y territorio", en que el Colegio hace eco de la discusión y preocupación nacional por una educación de calidad. Se establece que para un adecuado y eficiente ejercicio profesional, resulta de suma importancia la calidad de la educación que se está impartiendo hoy en más de 40 escuelas de arquitectura en el país. En este marco, se plantea que el Colegio mandatado por su actual estatuto, puede y debe colaborar para definir las competencias que deberá tener el profesional de este siglo, explicitando -entre otros- las competencias de los futuros profesionales emanados del sistema de la educación superior. Es necesario considerar a la profesión de arquitecto como un ejercicio de fuerte impacto social en la comunidad y por ello debe ser sometida a una acreditación obligatoria que corrija las actuales deformaciones y carencias en la formación de pregrado, como asimismo del aseguramiento de la calidad y excelencia, como las variables básicas hoy tan discutidas en el conflicto estudiantil a la vista, que asimismo comprometen al gremio en su solución.

Bresciani destaca que "la acreditación debería ser obligatoria, lo que requiere que la colegiatura sea obligatoria y le sean restituidas las atribuciones que tenía como Colegio Profesional como referente ético del desempeño y calidad de los arquitectos de Chile en beneficio de nuestra sociedad".

Junto con ello, y de suma importancia para la labor profesional, declaran que el Colegio de Arquitectos debiera sugerir a los centros de enseñanza superior una formación ética del estudiante de arquitectura, con el fin de hacer del arquitecto un profesional honesto y responsable.

A través de este proceso, se busca que los arquitectos que entren al mundo laboral sean profesionales competentes, integrales y comprometidos con el rol social que los identifica, cumpliendo cabalmente uno de los principales objetivos de la institución gremial, tal como lo precisa la Carta de Etica Profesional en su Artículo Primero: "El Arquitecto deberá ser un profesional de sólida preparación científica, artística y técnica, con un profundo sentido de la equidad y de la moral. Pondrá su servicio a disposición de la sociedad y del hombre e impulsará su progreso y bienestar buscando con su acción, colaborar con el logro de estas metas".

Documento Resoluciones 22° Congreso Nacional de Arquitectos Antofagasta 2011 en página web: http://colegioarquitectos.com/CONGRESO/