De aquí a tres años, el rubro de la construcción habrá dado un paso importante para mejorar la calidad de sus servicios. Eso porque gracias a la iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de Normalización, con el apoyo y gestión del Consejo Nacional de Normalización de la Construcción (CNNC), el sector dispondrá de 66 normas actualizadas y tres normas generadas luego de una investigación previa en las áreas de cálculo y diseño de muros cortina, hormigón y cálculo de la acción del viento sobre las construcciones, lo que permitirá definir correctamente los requerimientos técnicos de las edificaciones, y por consiguiente, facilitará la realización adecuada de las inspecciones de obra.

El proyecto, financiado por el comité INNOVA Chile de CORFO, se inició en Enero de este año, revisando las normas que fueron seleccionadas tras una encuesta sectorial que el CNNC efectuó durante el segundo semestre del 2005. La idea es beneficiar a los usuarios de los bienes o servicios provistos por las constructoras, renovando las normas antiguas para prevenir el efecto negativo que podrían producir si no son equiparadas, en parte, a los estándares internacionales.

El interés por construir calidad

El dinamismo constante registrado por la construcción durante los últimos años, ubica a la actividad como uno de los barómetros que más incide en el buen desempeño y crecimiento de la economía. Hoy, el rubro de la construcción representa poco más del 8% del valor agregado total del PIB. Es por eso que hay quienes creen que las posibilidades de desarrollo del sector se potenciarían con la existencia de normas que apunten a la calidad y por tanto, contribuyan a mejorar la eficiencia con que las constructoras ejecutan sus obras.

La idea fue planteada con fuerza el año 2005, debido a la situación deficitaria de la construcción en términos de cantidad y vigencia de su documentación relativa a la normativa técnica. Esta preocupación motivó ese mismo año, la creación del Consejo Nacional de Normalización de la Construcción (CNNC), que bajo el alero del Instituto de la Construcción, ha articulado "la demanda normativa técnica sectorial, facilitando y promoviendo la elaboración, actualización y uso de la documentación normativa, desde una visión sectorial transversal, compatible con la realidad nacional y acorde con criterios internacionales, de modo que se respeten los acuerdos y tratados de libre comercio suscritos por Chile".

Es así como el CNNC, conformado por los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, la Cámara Chilena de la Construcción, los colegios de Arquitectos e Ingenieros de Chile, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, el Instituto de la Construcción y el Instituto Nacional de Normalización (en calidad de invitado permanente), pretende, a través de una mesa transversal, abordar definitivamente la preocupación por contar con una normativa técnica congruente con la realidad y desafíos del país.

Actualmente las normas relacionadas con el rubro suman alrededor de 1.063, de las cuales 364 son específicas al sector construcción, mientras que las demás están relacionadas indirectamente, siendo por ejemplo de infraestructura, seguridad, salud y ambiente. Cerca del 70% son anteriores al año 2000, y en ese sentido, la ISO (International Organization for Standardization), recomienda revisar cada cinco años las normas para asegurar que permanezcan acordes a los avances tecnológicos y a la evolución natural de la industria.

El siguiente paso entonces fue la realización de un catastro de las normas, y con esa información se realizó una encuesta a especialistas en el área, de diversos organismos, tanto públicos como privados. El trabajo concluyó que el 75% están desactualizadas. Hecho que para los entendidos, podría representar un freno en la industria, pues las normas que contienen y definen las características técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, para el cumplimiento de los estándares exigidos en la Ordenanza General, son obligatorias en aquellos casos en que son incorporadas en este.

Por lo tanto, resultó vital reformular aquella normativa e incorporar nuevas normas en áreas donde no existen, como en materiales o procedimientos usados, para que no se transforme en una herramienta de inconsistencias que afecten la calidad de la construcción nacional. Sobre todo porque gran parte de los problemas en la construcción se asocian con la calidad de los materiales. El sector gasta un promedio de $4.500 millones de pesos al año por reparación de fallas, productos mal especificados o usos de insumos inadecuados o mal fabricados. De igual forma, a medida que van surgiendo nuevas tecnologías y métodos constructivos, también surge el desafío para generar una normativa adecuada que asegure la calidad necesaria para el sector. Es así como finalmente el INN y el CNNC levantaron el proyecto "Actualización y estudio de normas chilenas para mejorar la calidad en la construcción", que en base al catastro, preseleccionó un grupo de normas prioritarias y, posteriormente, utilizó como criterio aquellas normas desactualizadas y de carácter obligatorio (señaladas en algún instrumento reglamentario), quedando finalmente 66 normas (48 normas a actualizar y 18 normas nuevas) a trabajar.

La intención de este proyecto está clara: potenciar a la construcción en la calidad de sus servicios, pero del mismo modo, la iniciativa persigue el fomento de la calidad y el desarrollo industrial de la construcción, mediante la transferencia tecnológica de soluciones óptimas para el interés general, y mediante la disminución de la duplicidad de esfuerzos que se produce cuando cada industria o sector industrial debe establecer especificaciones, en base a consideraciones particulares que no necesariamente benefician a todos los usuarios del país.

Construyendo un círculo virtuoso

Una vez que el proyecto esté finalizado, el rostro de la construcción podría ser otro. Con normas más modernas, se le dará un valor agregado a los bienes o servicios prestados que se encuentren elaborados bajo esas normas, el cual está directamente relacionado con la disponibilidad a pagar por parte de los consumidores. Si los productos o servicios prestados son de mejor calidad, las personas valorarán estas mejoras, ya que los servicios consumidos afectan directamente su calidad de vida.

Al mismo tiempo, la ejecución del presente proyecto permitirá mejorar y complementar las actuales bases de apoyo a la reglamentación vigente; poner a disposición de la comunidad nacional estándares, requisitos y ensayos acordes con el desarrollo tecnológico experimentado por la actividad; y mejorar y/o establecer niveles de calidad que garanticen confort, duración y seguridad.

A pesar del costo que puede conllevar el cumplimiento de la norma, los beneficios que puede acarrear a las empresas el cumplir con las normas en la disminución en el pago de las garantías futuras, haría que les resulte conveniente a las firmas el uso de las normas a realizar.