Thierry de Saint Pierre.

En los últimos años, ¿ha avanzado Chile hacia la Digitalización?
Hoy, según consta en la Ley de Transformación Digital de Chile -que apunta a un país socialmente más digitalizado en 2035-, el 86% de los trámites del Estado se encuentran digitalizados, existiendo 2.997 trámites digitalizados para personas y 319 instituciones con coordinador de transformación digital.

En este punto, hay que destacar que Chile también pudo desarrollar un servicio centralizado de autenticación digital, a disposición de las instituciones públicas para facilitar el acceso de la ciudadanía a sus servicios y plataformas digitales de manera segura, que es la “Clave Única”. A principios de 2022, existían 1.598 trámites que usan la clave única para autenticación (Gobierno de Chile, 2022) y a marzo de este año, casi 14 millones de ciudadanos contaban con la Clave Única, lo que les permite realizar más de mil trámites, con 215 instituciones del Estado.

Además, cabe mencionar que el reglamento de Ley 21.180 que promueve la transformación digital del Estado, fue publicado el 10 noviembre de 2021, por lo que se está recién comenzando a aplicar en forma extensiva en el Estado.

Entonces, quedan varios desafíos...
Uno de los principales desafíos es la implementación del reglamento de Ley 21.180, para lo que el Gobierno debe desarrollar avances importantes en seis ejes: Comunicaciones electrónicas entre órganos del Estado, notificaciones electrónicas, procedimientos administrativos vía formatos electrónicos, expedientes electrónicos, digitalización de documentos e interoperabilidad.

Por otra parte, tenemos también que esa Ley plantea como meta que al 2025, el 95% de los trámites a nivel nacional se puedan realizar en línea y a partir del 2030 el 100% estén en línea, además de que todas las instituciones cuenten con mecanismos digitales de participación ciudadana. Dentro de los desafíos, el 100% de los ciudadanos deben contar con clave única el 2025 y se debe elaborar una política nacional de datos al 2025.

Con este proceso en curso, Chile puede ser una gran República Digital al estilo de Estonia, en que los trámites y servicios sean preferencialmente digitales.

¿Qué beneficios trae la digitalización del sector público?
Cuando el Estado invierte en digitalización se quiere incrementar la productividad, la participación y los beneficios para los ciudadanos, destacando entre estos últimos el acceso a todos los trámites de manera online, desde la comodidad de su hogar o trabajo. Esto se traduce directamente en una mejor calidad de vida para los ciudadanos, ya que implica ahorro de viajes a las diferentes oficinas de gobierno para realizar trámites, no hacer filas, ni prolongados tiempos de espera, todos beneficios que en conjunto y que en términos de ahorro de tiempo y costo agregado para el ciudadano y las empresas representan millones de dólares.

Por otra parte, desde el punto de vista del Estado, la digitalización del sector representa mayor eficiencia del servicio público, menos carga de trabajo de los funcionarios en labores rutinarias que son atendidas en línea y resueltas directamente por los sistemas, y la posibilidad de concentrar el trabajo en labores de mayor valor agregado.

¿Cómo cree que evolucionarán las inversiones TIC del sector en el corto plazo?
Creemos que irán en aumento, si tenemos en cuenta -como ya lo mencionamos- el hecho de que la “Estrategia de Transformación Digital a 2035 para Chile” tiene como objetivos que al 2025, el 95% de trámites a nivel nacional se puedan realizar en línea y a partir del 2030 el 100%; que todas las instituciones cuenten con mecanismos digitales de participación ciudadana; y que el 100% de los ciudadanos cuenten con clave única el 2025. Este conjunto de metas fijadas en el contexto de la Ley 21.180, además de poder elaborar una política nacional de datos al 2025, implica que el Gobierno debe invertir para poder cumplir con las metas y los plazos fijados.

¿Y en qué focos concretamente deben concentrarse estas inversiones?
Además de inversiones en plataformas y servicios TICs, se requerirá invertir en la capacitación de funcionarios, para los cuales habrá reconversión de puestos de trabajo y especialización en nuevas tareas acordes a la digitalización. También será necesario trabajar en aplicar los cambios tecnológicos disruptivos que pueden ser aplicados en la administración y gestión pública; y de inversiones en interoperabilidad, esencial para facilitar las capacidades de comunicación entre distintas instituciones y sistemas.

Por otro lado, nos parece que se debe ampliar la perspectiva del concepto de “Gobierno Digital” hacia una visión superior y más omnicomprensiva, incorporando aspectos que van desde las telecomunicaciones, la arquitectura institucional y tecnológica, la ciberseguridad, los profesionales con capacidades digitales, estrategias en transformación digital, capacidades de innovación interna o abierta, el avance de la ciudadanía, la brecha digital y su impacto en la digitalización de los servicios del Estado, y la comunicación y medición del avance desde ministerios a organismos y municipalidades, entre otros aspectos.

¿Qué soluciones o tecnologías se están privilegiando para las inversiones en el sector?
Vemos que se está avanzando en plataformas de servicios en la nube privada, pública o híbrida; en la protección de los datos personales que gestionan las organizaciones públicas; en la disponibilidad en línea y 24x7 de los principales servicios, incrementando los elementos de hardware y software que proveen ciberseguridad a los sitios y servicios; en el desarrollo de aplicaciones móviles (“apps”) que permiten aumentar la cobertura de estos servicios, mejorando los procesos de identificación y autentificación a través de la clave única e implementando segundos factores de autentificació -como es la biometría dactilar o facial- y mejorando las comunicaciones con enlaces de mayor banda ancha, entre otros.

Y a su juicio, ¿en qué áreas de las TIC falta más inversión?
Una de las áreas en las que el sector público podría invertir más es en la creación de Repositorios de Datos (Data Lakes), de analítica de datos para generar análisis agregados de datos, así como herramientas de inteligencia artificial para generar modelos predictivos que permitan que la autoridad pueda tomar decisiones y medidas anticipando situaciones y problemas. Las temáticas en las que se pueden aplicar estos modelos son múltiples; por ejemplo, en mejorar el transporte público en función de la demanda, en el control de epidemias con predictores geográficos, en el consumo y la disponibilidad de agua para la ciudadanía versus el consumo agrícola e industrial, en el consumo y la generación eléctrica, en prevenir la contaminación atmosférica, y la seguridad pública, entre muchas otras.

¿Qué desafíos plantea para los proveedores de tecnología la Digitalización del Estado?
En Chile se hace buena tecnología y de punta. Muchas de las empresas socias de ACTI, son proveedores del Estado y el nivel de sus servicios es muy bueno.

Por lo general, las compras del Estado se realizan a través de la plataforma de Mercado Público (ChileCompra), la que permite realizar compras en forma transparente con criterios de evaluación establecidos a través de mecanismos como licitaciones públicas o convenios marco. Sin embargo, un tema que no está resuelto hoy día es cómo incentivar para que un proveedor proponga una solución innovadora a un requerimiento del Estado, pues no existe un criterio que mide el grado de innovación de una oferta; actualmente se evalúa un polinomio que se compone de una evaluación técnica y una económica, por lo que no hay espacio para la innovación en este proceso de compras. Sí cabe destacar lo que hace GobLab, incentivando el desarrollo de soluciones innovadoras para ciertos problemas, pero el tema es ¿cómo hacer esto mismo en forma extensiva a todos los requerimientos del sector público?

Conscientes de esto, el año pasado lanzamos el “ACTI TECH AWARDS”, que tenía entre otras categorías la del Premio a la Transformación Digital del Sector Público, con el objeto de premiar iniciativas o instituciones que aceleren la transformación digital del sector público, centradas en el valor que entreguen a su público objetivo, con mejoras medibles: menor tiempo de un trámite, mejora en la rapidez de atención de público, digitalización de servicios que eliminen la necesidad de asistir personalmente a una oficina pública y que produzca una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos a los cuales está dirigido. También incluimos iniciativas que mejoren la productividad y la eficiencia en la ejecución de programas públicos.

Recibimos muy buenas propuestas, y los finalistas fueron tres proyectos que fueron claves en la pandemia para solucionar los accesos a servicios públicos y privados: comisaría virtual, clave única y pase de movilidad.

¿Qué acciones concretas está haciendo ACTI para impulsar el Gobierno Digital?
Una de las mesas de trabajo de ACTI es justamente la de Gobierno Digital, cuyo objetivo es contribuir a la modernización del Estado, y que contamos entre nuestros socios con todos aquellos que ofrecen servicios y los elementos necesarios para llevar a cabo esta digitalización. Lo que buscamos es impulsar los trámites en internet, identidad única, cero papeles y cero filas, la transparencia y las mejoras en la infraestructura de salud pública, por ejemplo.

Para ello, mantenemos reuniones y mesas de trabajo con Jefes de distintos estamentos del gobierno, además de contar con subgrupos de trabajo, como: Grupo Documentos Electrónicos, en que trabajamos junto con el SII en diferentes temas relacionados con la tributación electrónica; Grupo Salud Digital, en que participamos activamente junto con el Ministerio de Salud en una agenda de salud digital para Chile en los próximos 5 años; y Grupo ChileCompra, en que participamos en múltiples reuniones junto con el equipo de ChileCompra dando nuestra posición sobre los diferentes convenios marco.

Por otro lado, estamos desarrollando con nuestros socios un documento o Agenda de Gobierno y Economía Digital en que realizamos un diagnóstico de la situación actual en diferentes componentes y proponemos acciones para avanzar hacia una República digital y una economía digital.