En los últimos años se han impulsado iniciativas que han permitido que, a octubre de 2020, el 63,5% de las gestiones que se realizan en el servicio público estén disponibles en línea. La implementación de la Clave Única, la plataforma Chile Atiende o la firma electrónica avanzada, además del fomento permanente del uso de medios online para canalizar inquietudes y acceder a servicios son un avance, sin embargo y a pesar de los esfuerzos, aún falta mucho por hacer para alcanzar la meta propuesta por el Gobierno del 80% de trá- mites digitalizados a finales de 2021.

En 2015 como FPD creamos el Índice País Digital para medir la evolución de los trámites del Estado. Pero no nos quedamos ahí, y entre 2018 y 2019, estuvimos trabajando con ProChile en su proceso de transformación, colaborando en este caso emblemático de modernización, que abandonó el sistema análogo en sus principales procesos, convirtiéndose en la primera institución estatal que opera “Cero papel”.

El Estado debe trabajar para que las instituciones alcancen las modernizaciones necesarias que permitan desarrollar los cambios. Generar los incentivos para que surjan iniciativas que faciliten los trá- mites y permitan hacerlos a distancia. Por ejemplo, el tema de compra pública innovadora sería un facilitador para las soluciones que ya se encuentran disponibles en el mercado. Otro caso sería la digitalización de documentos, que contribuye a la simplificación de los procesos y los espacios. El acceso es mucho más sencillo, no se pierde tiempo en buscar papeles en archiveros, sino que se accede a ellos mediante criterios muy específicos y eficientes.

Acortar los tiempos de búsqueda, implica una reducción en la entrega de respuestas, y sea cual sea la naturaleza de la organización, los procesos se hacen mucho más eficientes. En ese sentido, es importante destacar que la eficiencia puede observarse en tres niveles; a nivel físico, porque se ahorra en infraestructura; a nivel de tiempo, porque demora menos encontrar los archivos; y a nivel de acceso, porque los archivos se pueden respaldar en sistemas de almacenamiento remoto o Cloud, permitiendo que los procesos se realicen a distancia.

Mayo de 2021 será una fecha clave y un punto de no retorno para la transformación del sector pú- blico. Comienza el proceso de cambio que permitirá que los trámites sean 100% digitales y cero papel, lo que generaría un ahorro de US$500 millones de dólares anuales y constituye un ahorro de tiempo y dinero para los usuarios.

En este proceso de modernización estatal, se necesita el aporte de conocimiento para desarrollar y crear las aplicaciones necesarias que faciliten los trámites. Las universidades podrían participar de este cambio, generando nuevas mallas curriculares, que desarrollen competencias para el siglo XXI. Crear el capital humano que solvente los requerimientos que implica la digitalización y sus características en distintos niveles. Hoy se requiere de equipos que provean de dichas soluciones con una mirada de diseño ante la eficiencia de recursos y el bienestar del ciudadano.

El objetivo debe ser avanzar hacia un Estado eficiente y accesible, que facilite su relación con las personas y, para eso, la tecnología es una herramienta que genera cambios concretos.