Aunque pareciera que la nueva ley de boleta electrónica sólo tiene beneficios, existen una serie de complejidades para llevar a cabo este proceso. Desde el punto de vista de las empresas, es necesario considerar que, en primer lugar, deben realizar un registro en el SII, y contar con conectividad, ya sea a través de conexiones fijas (de cable o ADSL) o móviles tipo 3g/4g. Además, los comercios necesitarán un proveedor, autorizado por el SII, que les suministre una aplicación para conectarse al sistema, algunas de las cuales son gratuitas, como la del mismo ente estatal.

Aunque la conectividad es un desafío técnico no menor, es sólo el principio: la seguridad y privacidad de los datos es tal vez el desafío más importante a enfrentar. El riesgo concreto es que los comercios interpreten que ellos tienen derecho a usar la información que entregan sus clientes de cualquier manera.

Es importante hacer notar que los campos obligatorios que deben llevar las boletas no incluyen datos de la persona que está comprando. Sin embargo, la entrega de esta información, ya sea dirección de correo electrónico o número de teléfono, aunque es absolutamente voluntaria, no se puede utilizar con fines diferentes a los relacionados con la boleta electrónica, es decir, sólo para recibir una copia de ésta en formato digital.

Si bien, enviar un correo promocional a clientes que compraron un producto en particular suena como una buena estrategia de marketing, lo que en realidad se estará haciendo es violar la privacidad de los datos de los clientes. Es de esperarse que, tanto los comercios como las aplicaciones que entrega el servicio de emisión de boletas electrónicas, respeten el derecho a la privacidad y no utilicen esa información para su beneficio y, por otro lado, que los mismos clientes se informen de manera adecuada para que exijan que así sea.

La tendencia indica que los comprobantes en papel poco a poco desaparecerán, y aunque todavía el cliente los puede solicitar, a mi modo de ver la exigencia más importante que está por venir es la de hacer cumplir los derechos digitales de las personas.