Marcelo Román.

El año que recién nos deja permite que hoy dispongamos de una renovada estrategia de planificación en materia digital, gracias a la Agenda Digital 2020 lanzada a fines de 2015; un programa que permite contar con una guía oficial, diseñada entre distintos actores públicos y privados, que esperamos encauce los esfuerzos que se realizan en este ámbito, para así poder convertirnos en un país más competitivo y preparado para afrontar las oportunidades que nos abre la era digital.

También vimos avances significativos respecto de la inclusión de tecnologías en trámites que involucran el día a día de los chilenos, como la promulgación de la ley que establece la tramitación digital de los procesos judiciales, que se traduce en una modernización del sistema judicial y menores costos para todas las partes involucradas, al sustituir el expediente en papel por una carpeta electrónica.

Por otro lado, ACTI, como referente de la industria TIC nacional, colaboró en 2015 en distintos frentes vinculados al desarrollo del país. Cumplimos esta tarea siendo parte de distintas iniciativas y mesas de trabajo público-privadas, como los Programas Estratégicos Nacionales de Industrias Inteligentes y de Economía Creativa, las mesas y proyectos afines relacionados al desarrollo del Capital Humano TIC, el Comité de Servicios de SOFOFA que presidimos y mesas de trabajo con Chilecompra y Tesorería General de la República, entre otras.

Pero ahora que estamos comenzando un nuevo año, es importante destacar que el trabajo continúa, quedando un sinfín de tareas que debemos impulsar y ejecutar, haciéndonos cargo de los desafíos y oportunidades que nos depara este 2016.

Es importante que sigamos adelante en lo relacionado a la creación del Ministerio de Ciencias y Tecnologías, como el organismo gubernamental que vendría a conciliar las políticas públicas respecto a la industria TI, la investigación, desarrollo, innovación y tecnología, contribuyendo al progreso y desarrollo social, a la generación de conocimiento, a comunidades de aprendizaje y políticas públicas y a la eliminación de brechas digitales.

En relación a lo anterior, y ahora que contamos con una Agenda Digital oficial, consideramos que no puede quedarse en el tintero la definición de cuáles serán las políticas públicas que nos permitirán desarrollar en Chile la I+D+i, para contar con un porcentaje de participación del PIB en estos ámbitos mayor al actual 0,39%, en particular si consideramos que en los países de la OCDE el promedio es 2,4%.

No menos importante es la Ley de protección de Datos Personales, cuyo proyecto de renovación se encontraba hasta finales de 2015 en evaluación por parte de las carteras de Hacienda, Economía y Telecomunicaciones. Porque si bien los chilenos contamos con una ley en esta materia, ella no se adapta a los estándares internacionales, careciendo de una institucionalidad sólida y dejando expuestos los datos personales de los ciudadanos y su actualización.

Dentro de los pendientes para este año debemos incluir también la actualización de la normativa que promueve el uso de documentos electrónicos en notarías, lo que significaría un avance muy beneficioso para el país si se lleva a cabo, ya que hablamos de una disminución de gastos en recursos tanto humanos como de capital, sin mencionar el tiempo que se ahorran tanto notarios como ciudadanos al adherirse a este tipo de servicios. Esta situación de todos modos requiere un impulso a nivel general y de gobierno, que promueva su uso y deje claro sus beneficios.

Todo ello contribuye a que, como país, Chile pueda ser más competitivo y responder de forma adecuada a las demandas y oportunidades que conlleva la actual economía digital. Y si bien estos avances en términos de normativas y proyectos juegan un rol crucial a nivel país, también es importante tomar en cuenta la base de toda esta economía digital, la tecnología y el capital humano especializado que pueda desarrollarla.

Este último factor es clave para mejorar la productividad de nuestras industrias estratégicas, basadas principalmente en recursos naturales, a la vez que debemos generar oportunidades en torno a estos sectores, para sustituir la baja de ingresos que están teniendo. Para ello requerimos de capital humano con competencias tecnológicas que sustenten esta estrategia de crecimiento, tarea en la que estamos trabajando colaborativamente.

En la medida en que como país nos enfoquemos en materias de interés colectivo, que permita no solo el crecimiento de nuestras industrias, sino también de las personas y de su calidad de vida, estaremos acercándonos a los países con los que hoy nos queremos comparar, países desarrollados que han sabido incorporar la tecnología entre sus diferentes iniciativas públicas.