Para intentar llegar lo más cerca posible a una identificación segura, hay algunas soluciones disponibles en el mercado, y la que más atención atrae en el sector de identificación es la tecnología de las smart cards. Estas tarjetas inteligentes garantizan más seguridad al permitir el almacenamiento de la firma digital y de características biométricas, además de combinar seguridad en el acceso digital y en el físico.

Reducir la distancia entre gobierno y ciudadanos, ampliar la oferta de servicios para la población, aumentar la seguridad en las fronteras, facilitar la distribución de beneficios y no tener la preocupación de que los documentos sean falsificados, son algunos de los principales objetivos de la adopción de medios de identificación digitales.

Poder comprobar la identidad de una persona mediante un documento de identificación no es sólo una preocupación del gobierno, empresas y autoridades, sino que muchas veces lo es también para el propio ciudadano.

Prueba de ello es que Inglaterra, que posee una población de 50,4 millones de habitantes, estima que el costo del fraude de identidad en la economía del país está en torno a los 1,7 mil millones de libras esterlinas por año, según un estudio del Home Office Identity Fraud Steering Committee. En Chile, si bien no existe una estadística concluyente en relación a este delito, se sabe que mensualmente el Ministerio Público recibe alrededor de 400 denuncias vinculadas al fraude de identidad y la clonación de tarjetas de crédito y débito.

Hay investigaciones que demuestran que el uso de la identidad digital (ID) por parte del sector público de América Latina tiende a crecer más que otras aplicaciones tradicionales de smart cards como telefonía y bancos, según datos de la consultora Frost & Sullivan. En la evaluación del instituto, el mercado de la ID subirá del 1% en 2005 al 15% en 2011.

Varios países ya utilizan los beneficios de estas aplicaciones. Bautizada como "la tarjeta del ciudadano", la identidad pasó a ser uno de los principales catalizadores de la estrategia de modernización de la administración pública del gobierno portugués, en atención a los objetivos de simplificar, agregar, dar seguridad y continuidad al proceso de evolución tecnológica que abarca al mundo entero.

Brasil es el país más adelantado en lo que se refiere a la cantidad de aplicaciones de identificación digital en el mundo virtual. Creó un conjunto de normas conocidas como ICP Brasil (Infraestructura de Claves Públicas Brasileras), que rigen la certificación digital. Hoy, órganos como la Imprenta Oficial del Estado de San Pablo (IMESP) y la Receita Federal (la autoridad impositiva), utilizan la certificación digital para garantizar la identidad de los ciudadanos en las operaciones electrónicas. Además de la seguridad ofrecida, uno de los motivos para que este tipo de operación se realice en forma electrónica es la agilidad y la desburocratización en el uso de los servicios públicos.

Es una cuestión de tiempo para que Chile, así como el resto de los países latinoamericanos, adopte tecnologías más seguras para la identificación física del ciudadano, ya que la tendencia global apunta a que el conjunto de éstas sea el método más seguro para evitar los delitos de clonación de documentos y todos los fraudes asociados a ese ilícito.